El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este domingo 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados, acusados de formar parte de un presunto entramado de corrupción administrativa que habría desfalcado a la ARS estatal con más de 15,000 millones de pesos.
Además de Hazim, la medida fue impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La imputada Ada Ledesma Ubiera deberá cumplir la medida en Najayo Mujeres.
En tanto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y favoreció con medidas cautelares a tres de los 10 imputados, luego de que alegadamente admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.
Se trata de Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella, a quienes el magistrado impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica.
El juez también declaró el caso como complejo.
Ministerio Público
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que la decisión del tribunal se basó fundamentalmente en tres elementos.
“El primero fue la gravedad de los hechos, que el juez reconoció y calificó como crueles, muy graves; los entendió como una traición, los llamó una locura colectiva y los comparó incluso con una forma de holocausto”, expresó.
Indicó que el segundo elemento fue “la contundencia de la investigación del Ministerio Público”, la cual fue reconocida por el tribunal, que citó documentos y testimonios presentados durante la audiencia.
Camacho señaló que el tercer aspecto valorado fue la colaboración prestada por algunos imputados, lo que llevó al tribunal a dictar prisión preventiva para siete personas y medidas alternativas para las otras tres.
“En sentido general, los diez imputados presentados en este proceso están privados de libertad”, afirmó.
Agregó que el Ministerio Público se prepara para dos acciones: “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido”, y “trabajar día y noche para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso”.
Defensa de Santiago Hazim
El abogado de Hazim, Miguel Valerio, dijo que la defensa respeta la decisión del tribunal, aunque ejercerá los recursos correspondientes.
“Hoy se decidió lo que tenía que decidir un juez, y como todas las decisiones, nosotros la acatamos y la respetamos, pero evidentemente ejercemos los recursos de lugar”, expresó.
Valerio afirmó que “la presión social” influyó en el proceso y sostuvo que se puso en duda la condición de salud de su defendido.
“A partir de hoy queda en manos del Ministerio Público, como garante del sistema penitenciario, la salud del señor. Se ha dictado una decisión que prácticamente condena a una persona a una paraplejía o cuadriplejía”, manifestó.
Pruebas del Ministerio Público
El expediente presentado al tribunal contiene más de 138 documentos probatorios, 35 testimonios y pruebas periciales, además de evidencias de presuntas operaciones con empresas de carpeta, triangulaciones bancarias y facturación simulada.
Según el Ministerio Público, el monto estimado en sobornos entregados por la supuesta estructura criminal asciende a unos 2,000 millones de pesos, utilizados para obtener contrataciones y favores administrativos.
La acusación sostiene que una estructura operó dentro de Senasa durante varios años, desviando fondos públicos mediante la manipulación de procesos, falsificación de documentos y alteración de estados financieros, lo que habría afectado las reservas técnicas del asegurador estatal.
