El ejército estadounidense llevó a cabo a inicios de septiembre un segundo bombardeo contra una supuesta narcolancha en el Caribe, para abatir a los sobrevivientes de un primer ataque, informaron el viernes varios medios.
Washington ha desplegado naves de guerra y tropas en esas aguas frente a Venezuela y en el Pacífico para detener, dice, el tráfico de drogas. Sin embargo, Caracas denuncia un complot para derrocar a su presidente, Nicolás Maduro.
El incidente habría ocurrido el 2 de septiembre durante el primer ataque de esta ofensiva que se hizo público, para el que las tropas supuestamente tenían la orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de matar a todos los que se encontraban a bordo, según el diario Washington Post y la cadena CNN.
«La orden era matar a todos», dijo al periódico una fuente familiarizada con la operación.
Ese día, el ejército estadounidense vio a dos supervivientes de un ataque inicial aferrados a la embarcación en llamas y procedió a atacarlos de nuevo, añadió el Washington Post.
Tras ese incidente se modificaron los protocolos para rescatar a los sobrevivientes, añadió.
Según la CNN, no está claro si Hegseth sabía que algunas personas habían sobrevivido antes de que se llevara a cabo el segundo ataque.
La administración del presidente Donald Trump no ha presentado pruebas que respalden las acusaciones en las que se basan estas operaciones, que han causado la muerte de al menos 83 personas, según un recuento de la AFP de las cifras dadas a conocer.
Los expertos cuestionan la legalidad de los ataques, al considerarlos «ejecuciones extrajudiciales», una formulación también empleada por la ONU, que criticó dichas operaciones.
El viernes, Hegseth zanjó en redes sociales que «las operaciones actuales en el Caribe son legales tanto según la legislación estadounidense como según el derecho internacional», en respuesta a lo que calificó de «noticias falsas», aunque no mencionó específicamente la operación de septiembre.
El Pentágono comunicó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un «conflicto armado» con los cárteles de la droga latinoamericanos, a los que ha designado como «grupos terroristas».
