La República Dominicana vuelve a ser mencionada, de manera inquietante, en uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea. Documentos recientemente desclasificados del caso Jeffrey Epstein incluyen referencias al país como punto de tránsito, apoyo logístico o escenario indirecto dentro de una red que hoy provoca indignación global.
No se trata de especulaciones ni versiones digitales sin sustento. Más de trescientos documentos oficiales hacen mención del territorio dominicano, mientras las autoridades locales guardan un silencio que resulta incómodo y preocupante.
Puerto Plata figura en registros de vuelos y comunicaciones vinculadas a Little St. James, la isla privada donde Epstein operaba su entramado de poder, dinero y abuso. Correos electrónicos, trámites técnicos y testimonios sitúan a ciudadanos dominicanos desempeñando funciones dentro de ese entorno, muchos de ellos —probablemente— sin conocer la verdadera magnitud de lo que ocurría.
Sin embargo, el foco del debate no debe limitarse a quiénes trabajaron allí, sino a quiénes facilitaron operaciones sin cuestionamientos, quiénes evitaron indagar y quiénes decidieron no incomodar intereses externos.
Resulta profundamente irónico que un país que apuesta por una imagen internacional de turismo familiar y hospitalidad aparezca vinculado, aunque sea de forma periférica, a expedientes marcados por abusos, privilegios y redes de influencia.
La ausencia de una postura clara del Estado genera una pregunta inevitable: ¿quién protege la imagen nacional cuando el nombre del país emerge en archivos de esta gravedad? El silencio institucional no siempre es prudencia; en ocasiones, se convierte en una forma de rendición.
La advertencia es clara y amarga: sin vigilancia ética ni voluntad de transparencia, una nación puede terminar siendo utilizada como plataforma para intereses ajenos y prácticas condenables. Si hoy no se exigen explicaciones, mañana el país volverá a ser solo una escala más, no del desarrollo, sino de la sombra.
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