El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, con sede en Chicago, bloqueó este jueves de forma temporal la orden de una corte menor de liberar a más de 600 inmigrantes detenidos durante la ‘Operación Midway Blitz‘ del Gobierno Trump.
Estos inmigrantes fueron detenidos sin una orden judicial, en violación de un decreto de Illinois que limita la detención en prisiones del estado sin orden previa o causa probable, según fallo del juez de distrito Jeffrey Cummings.
El magistrado había autorizado las libertades a partir de este viernes, bajo una fianza de 1,500 dólares y algún tipo de vigilancia, incluyendo tobilleras electrónicas, en espera del resultado de los procedimientos migratorios.
La mayoría de los detenidos fueron procesados inicialmente en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, al oeste de Chicago, pero desde entonces han sido trasladados a cárceles de todo el país.
En la apelación, el Gobierno de EE.UU. argumentó que el juez cometió una serie de errores legales que ponen en riesgo la seguridad pública y dificultan la aplicación de las leyes de inmigración.
«Las órdenes del tribunal de distrito someten al gobierno a mandatos onerosos, costosos e intrusivos -incluidos requisitos de capacitación, documentación e informes- y obstaculizan la reimplementación de las leyes de inmigración del país tras años de no aplicación», señaló la administración.
Un día antes de que su vigencia, la orden fue suspendida a la espera de una revisión y de una audiencia definitiva fijada para el 2 de diciembre.
La decisión del tribunal fue lamentada por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la ACLU de Illinois, que denunciaron al gobierno en una corte federal, por violar las leyes vigentes durante los operativos realizados en Chicago y ciudades vecinas.
«Nos decepciona profundamente la decisión de hoy de retrasar la liberación provisional de cientos de personas que se encontraban bajo fianza y en libertad condicional, a quienes el Departamento de Seguridad Nacional ha reconocido que probablemente fueron arrestadas y detenidas sin orden judicial, sin causa probable y en violación de un acuerdo judicial y la ley federal», dijeron en un comunicado.
«La suspensión significa que las personas seguirán languideciendo en centros de detención de inmigrantes inhumanos, con el riesgo de ser deportadas sin el debido proceso», agrega.
Sin embargo, los abogados destacan que «esto no es el final», porque el Séptimo Circuito escuchará argumentos orales en la audiencia, sobre si una suspensión a largo plazo es apropiada».
