La presunta retención de ciudadanos haitianos y de sus mercancías por particulares amenaza con desencadenar una crisis económica y social de consecuencias impredecibles si las autoridades no intervienen.

DAJABÓN, República Dominicana.– Lo que debería ser un espacio de intercambio comercial, convivencia y oportunidades para cientos de familias dominicanas y haitianas amenaza con convertirse en un escenario de enfrentamientos, imposiciones y abusos, ante las reiteradas denuncias de compradores del vecino país contra supuestos retenes establecidos por personas vinculadas a asociaciones de vendedores del mercado de verduras de Dajabón, conocido como Mercafroda.

La situación denunciada este jueves, cuando ciudadanos haitianos protestaron contra las restricciones que supuestamente les impiden trasladar hacia su país los vegetales adquiridos en territorio dominicano, plantea una pregunta que las autoridades deben responder con urgencia:

¿Desde cuándo una asociación comercial tiene autoridad para impedir el paso de ciudadanos y retener mercancías sin una disposición de las instituciones competentes?

Si estas denuncias se comprueban, estaríamos frente a una peligrosa sustitución de la autoridad pública por intereses particulares.

Nadie discute el derecho de los comerciantes dominicanos a organizarse, defender sus inversiones y exigir condiciones justas de competencia. Sin embargo, ninguna asociación puede atribuirse facultades policiales, migratorias o aduaneras que la legislación no le haya otorgado.

El problema adquiere una dimensión todavía más preocupante porque no solo afecta a compradores haitianos. También golpea directamente a los motoconchistas dominicanos que encuentran en el transporte de mercancías y pasajeros una fuente de ingresos para alimentar a sus familias.

Detrás de cada motocicleta detenida hay un trabajador que pierde dinero. Detrás de cada saco de vegetales que no puede llegar a su destino hay una inversión que corre peligro. Y detrás de cada comprador humillado existe la posibilidad de que mañana decida no regresar a Dajabón.

El silencio de las autoridades también tiene consecuencias

La reiteración de estas denuncias obliga a cuestionar la capacidad de las instituciones para garantizar el orden en una zona tan delicada como la frontera dominico-haitiana.

No es razonable que un conflicto comercial se prolongue hasta provocar protestas y posibles enfrentamientos sin que exista una respuesta institucional transparente y definitiva.

De acuerdo con la denuncia recibida, durante esta misma semana representantes del consulado haitiano en Dajabón habrían intervenido para reclamar un trato justo hacia sus ciudadanos.

Si esa intervención se confirma, el conflicto habría superado el ámbito de una simple disputa entre vendedores para convertirse en un asunto que merece atención diplomática.

¿Qué están esperando las autoridades: que se produzca una tragedia para actuar?

La frontera no puede funcionar bajo la ley del más fuerte, ni puede permitirse que un grupo decida quién compra, quién vende, quién transporta mercancías o quién puede circular.

Corresponde al Ayuntamiento organizar los espacios comerciales dentro de sus competencias, mientras que las autoridades de seguridad, Migración y Aduanas deben ejercer sus funciones conforme a la ley.

Regular no significa atropellar. Defender el comercio dominicano no significa perseguir al comprador extranjero.

Las consecuencias que podrían sentirse en pocos días

1. Enfrentamientos y posible violencia. La persistencia de los supuestos retenes puede aumentar las confrontaciones entre vendedores, compradores haitianos y transportistas dominicanos, con riesgo de lesiones y alteraciones del orden público.

2. Reducción de las ventas. Los compradores haitianos podrían disminuir sus visitas o buscar otros puntos de abastecimiento ante el temor de perder sus productos o verse involucrados en conflictos.

3. Pérdidas para agricultores y comerciantes. Los vegetales son productos perecederos. Cualquier retraso prolongado en su traslado puede causar pérdidas económicas que afecten a productores, intermediarios y vendedores.

4. Menos ingresos para los motoconchistas. La reducción de los viajes comerciales golpearía a trabajadores que dependen de esa actividad para sostener sus hogares.

5. Tensiones diplomáticas y comerciales. Las denuncias podrían provocar nuevas reclamaciones de representantes haitianos y aumentar la desconfianza entre los sectores comerciales de ambos países.

6. Mayor desorden e informalidad. Si las vías ordinarias de comercialización se vuelven conflictivas, algunos compradores podrían buscar rutas alternativas o recurrir a intermediarios, complicando todavía más la supervisión del intercambio fronterizo.

Estas son consecuencias posibles a corto plazo, no hechos consumados. Su gravedad dependerá de la duración del conflicto y de la respuesta de las autoridades.

Dajabón no puede destruir su principal fuente de sustento

Hay una realidad que debe entenderse: el comercio fronterizo no beneficia exclusivamente a los haitianos.

Miles de operaciones comerciales sostienen una cadena económica que incluye productores agrícolas dominicanos, transportistas, vendedores, pequeños negocios y familias completas.

Cuando se obstaculiza injustificadamente una compra, también se pone en riesgo la próxima venta.

Y cuando un comprador pierde la confianza en un mercado, recuperarla puede resultar mucho más difícil que perderla.

Las autoridades municipales, comerciales y de seguridad deben investigar inmediatamente estas denuncias, identificar la naturaleza de los supuestos retenes y determinar si existe alguna disposición legal que justifique las actuaciones cuestionadas.

También deben escuchar a las asociaciones señaladas, a los motoconchistas y a los compradores haitianos para establecer reglas claras, transparentes y aplicables a todos.

Dajabón necesita organización, no imposición; necesita autoridades, no grupos que actúen como autoridades; necesita comercio, no confrontación.

Porque el mayor peligro no es solamente que hoy un ciudadano haitiano no pueda trasladar un saco de vegetales hacia su país.

El verdadero peligro es que mañana el mercado fronterizo pierda compradores, aumente la violencia y cientos de familias dominicanas terminen pagando las consecuencias de un conflicto que pudo resolverse a tiempo.

La frontera necesita orden y respeto. Cuando los intereses particulares pretenden sustituir la autoridad del Estado, lo que está en juego no es un saco de verduras: es la estabilidad económica y social de Dajabón.

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