Un día después de haber culminado su segundo periodo frente al Ministerio Público, la exfical general Consuelo Porras, sancionada por 40 países por corrupción y socavar la democracia en Guatemala, fue denunciada el lunes por un político local que la acusa de haber criminalizado a más de un centenar de ex operadores de justicia, activistas y periodistas exiliados.
Roberto Arzú, un excandidato presidencial guatemalteco, dijo que durante los ocho años de Porras en el cargo, la fiscalía fue “una estructura y un régimen de corrupción, impunidad y persecución selectiva a personas inocentes”.
En 2025, Porras denunció a Arzú por violencia psicológica, pero el proceso no avanzó.
La denuncia también alcanza a otros funcionarios cercanos a Porras, entre ellos su secretario general Ángel Pineda, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, la fiscal regional norte Cinthia Monterroso y el fiscal metropolitano Dimas Jiménez por supuestamente integrar una estructura dentro de la fiscalía que despidió de forma ilegal “a cientos de fiscales que no se quisieron prestar al régimen de impunidad y corrupción como lo fueron ellos”, indicó Arzú a los medios.
Arzú dijo que no descarta presentar más denuncias contra los mismos funcionarios por otros casos que no precisó y que según él están en análisis.
nuevo fiscal general
La querella tambien tiene lugar luego de que Gabriel García Luna asumiera el cargo a primeras horas del domingo como nuevo fiscal general para los próximos cuatro años tras la salida de Porras.
El nuevo fiscal anunció la liquidación de FECI porque dijo que “lastimosamente la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana”. Esa fiscalía a cargo de Curruchiche fue señalada por los críticos de ser utilizada para criminalizar a opositores, jueces y periodistas que investigaban actos de corrupción.
García Luna también anunció el domingo la creación de una comisión que revisará los procesos judiciales de quienes denunciaron criminalización con el objetivo de resolver sus situaciones legales y establecer responsabilidades.
En mayo de 2025, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó a la fiscalía por mantener una política de criminalización contra colectivos por sus denuncias contra la corrupción.
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