El Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en favor de los exministros, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros tres acusados.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio. Sin embargo, consideró que los 40 procesados deben ir a juicio a responder por los delitos que se les imputan.
“En primer lugar, la decisión que emitió el tribunal en el día de hoy, hace referencia a 40 personas acusadas, entre personas físicas y personas morales; 35 de ellas han sido enviadas a juicio, incluyendo el caso de Ángel, Donald Guerrero, que es el eje operativo de esta estructura criminal”, dijo Camacho a periodistas de la fuente judicial que lo abordaron luego de que la jueza Altagracia Ramírez emitiera el fallo.
Asimismo, indicó que tras el tribunal dictar auto de no ha lugar a apertura a juicio a cinco personas, “desde ahora, le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión”.
“Y la vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas”, subrayó.
En el proceso el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar, son señalados de integrar una estructura que desvió sumas millonarias mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
“La estructura además sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico”, apunta el órgano acusador.
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