Santo Domingo, 30 may (EFE).- El Ministerio Público informó este sábado que apelará el auto de no ha lugar emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en favor de los ex ministros de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otras 3 personas de los 40 que acusó de conformar una supuesta red que estafó al Estado por más de 19,000 millones de pesos, según la acusación de la operación Calamar.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo en una nota que «los 40 procesados deben ir a juicio».
El funcionario, no obstante, calificó como un «triunfo en la lucha contra la corrupción» la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que dispuso el envío a juicio del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y del abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como de otras 33 personas.
Entre los enviados a juicio figuran Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
«En primer lugar, la decisión que emitió el tribunal hace referencia a 40 personas acusadas, entre personas físicas y personas morales; 35 de ellas han sido enviadas a juicio, incluyendo el caso de Ángel Lockward y Donald Guerrero, que es el eje operativo de esta estructura criminal», dijo Camacho.
La jueza Altagracia Ramírez rechazó las peticiones de las defensas para que se declarara la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal.
«El tribunal dictó algunos autos de no ha lugar a apertura a juicio a cinco personas, y, desde ahora, le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión», adelantó.
«Y la vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas», subrayó.
En ese sentido, dijo que el tribunal acogió los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. «Esos mismos testimonios, a viva voz del tribunal, y está grabado en la audiencia; el tribunal, ni se refirió, cuando dictó estos autos de no ha lugar; por ende, no valoró correctamente esta prueba».
«El tribunal, incluso, dio un auto de no ha lugar a uno de los acusados que, en un documento que aportó el Ministerio Público al tribunal, escribió su nombre de puño y letra, por seis personas, incluyendo algunas de ellas que estaban fallecidas», dijo.
La decisión que envía a juicio a 35 acusados fue adoptada al establecer el tribunal que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en hechos de corrupción administrativa en el entramado criminal desmantelado con la Operación Calamar.EFE
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